CCOO y UGT solicitan al Gobierno la aplicación del artículo 155 en Castilla y León
Denuncian que el Gobierno autonómico «se ha declarado en rebeldía» al no financiar el Serla, y exigen que se garantice el derecho laboral de los trabajadores de la comunidad
El martes pasado, el secretario de Acción Sindical de CCOO CyL, Fernando Fraile, informó que junto con UGT han pedido al Gobierno, a través de su delegado en Castilla y León, Nicanor Sen, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la Comunidad. Esto implica que el Gobierno asuma las competencias de mediación de la Junta, ya que esta «se ha declarado en rebeldía» al obstaculizar la financiación del Serla.
Explicó que ambas organizaciones enviaron una carta a Sen la semana pasada para demandar la intervención del Gobierno de la Comunidad debido a la falta de financiación del Serla, lo que impide que los trabajadores y empresas ejerzan su derecho a la mediación, como lo reconoce la legislación laboral. En este contexto, Fraile instó a la intervención del Gobierno central para asegurar la «igualdad» de los trabajadores de Castilla y León y porque «se está cercenando» su derecho.
«La Junta por la vía de los hechos se viene declarando insumisa, en rebeldía, porque no cumple con sus obligaciones, que es ejecutar la legislación laboral y cumplir con la mediación», afirmó.
En relación al Caso Serla, señaló que existe una sentencia del Tribunal Supremo que otorga al Serla la exclusividad en esta materia en la Comunidad, tras el Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC) suscrito entre empresarios y sindicatos, avalado por los servicios jurídicos de la Junta, durante el periodo en que el actual portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ejercía las competencias. Por lo tanto, las competencias en conflictos colectivos en Castilla y León, así como en los individuales en Valladolid, «no pueden ser asumidas» por los Servicios de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Junta.
Fernando Fraile subrayó que la situación actual también está siendo tratada en el ámbito judicial ante el Tribunal Supremo, debido a que «hay una vulneración de derechos fundamentales, como es la libertad sindical y a la negociación colectiva», como consecuencia del ataque al Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos (ASAC), suscrito en el marco de la autonomía de sindicatos y empresarios.
El secretario de CCOO también destacó que han estado solicitando la intervención del Gobierno durante un período prolongado. Además, mencionó que gracias a la intervención de Yolanda Díaz y sus gestiones, lograron evitar que el Serla fuera disuelto. Esto se debió a que la Consejería de Empleo, dirigida por Mariano Veganzones, se vio obligada a retractarse cuando consideraban extinguir el organismo.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, comentó que la solicitud de CCOO y UGT para que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución debido a la «insumisión» de la Junta y asuma las competencias en mediación » no es nada nuevo bajo el sol y llueve sobre mojado». Indicó que los sindicatos «siguen pataleando porque han perdido parte de sus subvenciones» y lamentó la ausencia de Vox en el Parlamento de Galicia para poder practicar estos recortes de privilegios a los sindicatos de clase».
Estas afirmaciones de García-Gallardo surgieron luego de su encuentro con representantes de los sindicatos Justicia Policial (Jupol) y Justicia Guardia Civil (Jucil). Estas reuniones están vinculadas a las demandas expresadas esta mañana durante una conferencia de prensa por el secretario de Acción Sindical de CCOO CyL, Fernando Fraile. Fraile anunció que, en conjunto con UGT, han solicitado al Gobierno, a través del delegado en Castilla y León, Nicanor Sen, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la Comunidad. Esto se debe a que, según sus afirmaciones, la Junta se ha declarado en rebeldía al bloquear la financiación del Serla.
Explicó que ambas entidades enviaron una carta a Sen la semana pasada, instando a la intervención del Gobierno de la Comunidad debido a la falta de financiamiento de la Junta para el Serla. Esto impide que tanto los trabajadores como las empresas ejerzan su derecho a la mediación, tal como lo reconoce la legislación laboral. En esta línea, Fraile hizo un llamado a la intervención del Gobierno central para asegurar la «igualdad» de los trabajadores de Castilla y León y porque se está «se está cercenando» su derecho.
