La industria pizarrera de Valdeorras pide regular el precio de alquiler del monte

Mientras que en Cabrera se paga 200 euros por hectárea, en la zona gallega se llega a pagar 5000 euros por hectárea

Cuando una empresa apuesta por extraer pizarra en una localidad en la que la cuadrícula minera es monte de utilidad pública y por tanto pertenece a la junta vecinal, se establece un contrato “público” en el que interviene Medioambiente de la Junta de Castilla y León, y determina una cuantía por la ocupación del monte por esa empresa. Esa cuantía normalmente es irrisoria llegando a pagar a las localidades 45,8 euros por hectárea. Por tanto, las mismas juntas vecinales y empresas establecen un contrato “privado” que mejora esta situación, y que en Cabrera tienen precios de 200 euros por hectárea, mientras que en la vecina gallega esas cantidades pueden llegar a los 5000 euros por hectárea.

Los alquileres solicitados por las juntas vecinales gallegas a las empresas de producción de pizarra preocupan al sector. Fuentes del sector explicaron que hay peticiones de arrendamientos de 5.000 euros por hectárea. Esta situación amenaza la viabilidad de la industria y pone en peligro decenas de empleos.

Varios trabajadores de la zona muestran su preocupación al ver peligrar los empleos. “Quizás, los miembros de estas juntas no son conscientes de que, en muchos casos, tienen familiares directos trabajando en el sector”, comentó Javier Rodríguez, responsable de exportación para países de habla inglesa, de la empresa Samaca. Comparte su opinión José Manuel De Pedro, jefe de almacén en la citada empresa del Trigal: “Las peticiones de las juntas son abusivas porque, lamentablemente, creo que no están acordes a la situación en la que nos encontramos, ni nada por el estilo”.

Sin embargo desde el otro lado descartan dicha pérdida de empleos. José Antonio Iglesias Franco es representante legal de una junta vecinal descartó la temida pérdida de empleos: “Es mentira”, dijo. “Los intereses del pueblo son los mismos. Soy partidario de resolver los temas hablando”, añadió.

Este periódico se ha puesto en contacto con varios presidentes de juntas vecinales de Cabrera y la preocupación también surge del lado Leonés: “si no se cobra nada, no queda beneficio en los pueblos más que mantener los empleos y cuando la pizarra se acabe, que se acabará, pasará lo mismo que en Villablino, los pueblos se morirán de hambre porque no se ha invertido en crear otras infraestructuras en la zona para generar riqueza y no depender absolutamente de la pizarra” afirma un presidente que prefiere mantenerse en el anonimato. A lo que añade: “Tal vez la solución es crear un impuesto de tierras compartido entre las juntas vecinales y el ayuntamiento que corresponda con el fin de inversiones publicas en educación y sanidad, evitando así los alquileres de los montes y el gasto superfluo en orquestas que vienen de Galicia soportado a veces por Canteras y que en un día se llevan miles de euros de las juntas vecinales sin que tampoco se invierta un solo euro en el pueblo.”

Expertos ingenieros de minas consultados por este periódico confirman que el impuesto por movimiento de tierras compartido al 50% por junta vecinal y ayuntamiento sería la mejor solución para regular el sector, incluso por experiencia de otras localidades se atreven a fijar el precio del metro cúbico en 0,070 euros, esto supondría una media de 840 euros por hectárea, que mejoraría la calidad de los pueblos y no se perdería empleos. Para conocer los metros cúbicos extraídos por una empresa pizarrera se puede acudir al servicio territorial de Minas de la Junta ya que las explotaciones están obligadas a presentar un plan de labores.

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