Las dificultades de los cajeros bancarios sobre ruedas en pueblos aislados de León se topan con el cobro de comisiones

Caixabank, que ingresa 312.167 euros de la Diputación por el servicio, despliega en la provincia la red más extensa de España

Hace ya dos años, y sólo un ejercicio completo, el de 2024, que funciona la respuesta de la Diputación de León para dar servicio bancario a numerosos pueblos aislados y en los que han ido cerrando, en sus localidades de referencia, todas las entidades bancarias y cajeros automáticos.

Estos cierres paulatinos que impulsaron la práctica totalidad de las entidades bancarias causan un grave perjuicio más, la exclusión financiera, al aislamiento, la incomunicación o la despoblación, amén de la pérdida de deterioro de servicios básicos que en algunos casos son casi historia como los educativos o sanitarios. La desaparición sobre todo del efectivo para una población muy envejecida no dejaba de ser casi una tragedia, una más, para no pocos vecinos, en casos como Riello en la comarca de Omaña, tras justo un siglo de bancos en el pueblo.

Tras varios intentos, como que Correos se hiciera cargo de facilitar algunas transacciones a los vecinos de los pueblos más lejanos y afectados, especialmente la entrega de dinero en efectivo, finalmente en 2023 se optó por la firma de un convenio con Caixabank para implantar rutas rurales por varias comarcas de la provincia leonesa en las que recalaría alguna de sus oficinas bancarias ambulantes, sobre ruedas, también conocidos como ofibús o cajeros móviles.

El acuerdo tiene un coste anual pactado de 312.167 euros desde que se adjudicó el contrato en verano de 2023, por un año de duración prorrogable otros dos, de modo que este 2025 sería el último. Ya en 2024 se desplegaron todas las rutas pactadas con la entidad bancaria. Desde entonces, las cifras son las siguientes: en diferentes días de la semana, los tres vehículos disponibles por Caixabank recorren un total de 147 localidades de 132 municipios distintos de la extensa geografía leonesa. La suma de residentes que pueden, al menos de vez en cuando, hacer sus más básicas operaciones, actualizar la cartilla a sacar dinero en metálico, es de 25.000 vecinos.

La red más amplia de España

La de León es la red más extensa de las 17 provincias de España, de siete autonomías diferentes, en las que la compañía presta este mismo servicio, que ha convertido en una rentable división que adquiere un aire de atención social. Según los datos generales de su último balance de 2024, Caixabank suma ya una flota de 29 oficinas ambulantes que aseguran que recorren más de 75.000 kilómetros de media al mes. En Castilla y León circulan a esta fecha 11 oficinas móviles.

Sin embargo, no son todo caminos de rosas en la prestación de este servicio. A la amplitud de la red de carreteras rurales de León se suma el mal estado de muchas de ellas, las distancias o la climatología adversa, con nieves y heladas por ejemplo en las numerosas zonas de montaña. Y hay más obstáculos, de los que se han ido algunos vecinos de los pueblos a los que la oficina móvil atiende.

La voz de alarma la dio hace unos meses el portavoz del Grupo Popular la oposición en la Diputación de León, David Fernández, que alertaba del cobro de comisiones por algunas de las más básicas operaciones bancarias en estos autobuses, y el malestar que eso producía. En resumidas cuentas, en los pueblos estaban consiguiendo no dejar de disponer de dinero en efectivo, por ejemplo, pero a un coste mayor que los vecinos de las ciudades.

Fuentes de Caixabank consultadas sobre este hecho confirman que ocurre tal y como los afectados se quejan. A todos los efectos, dicen, “se trata de una oficina bancaria convencional” y atiende tanto a los que son clientes de esta entidad como a los que no, si bien efectivamente estos últimos han de afrontar el pago de la comisión correspondiente.

Dos visiones sobre las comisiones

Caixabank, eso sí, insiste en el hecho de que no son ellos quienes cobran estos ‘peajes’ por operaciones bancarias sino que quienes se lo facturan son sus propias entidades: “No las cobra CaixaBank sino que son establecidas por la entidad emisora de la tarjeta utilizada”.

En su día, el popular Fernández aireaba que lo que estaba aprovechando el banco contratado por la Diputación era aprovechar la situación, además de cobrar por el contrato, para incrementar su número de clientes con el argumento, lamentaba el político, de que se les informaba a los vecinos rurales de que si se hacían clientes de Caixabank no tendrían que afrontar el pago de tales comisiones.

Esto también es cierto. Pero la entidad lo toma como un mero hecho informativo, en el sentido de que se actúa “proporcionando a nuestros clientes la posibilidad de realizar sus operaciones habituales sin ningún tipo de coste adicional”, como ocurre como en cualquier sucursal física.

En su día, el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, le restó importancia a estos detalles, quedándose, como lo hace también la empresa bancaria, con que gracias a este contrato y a este servicio se ha conseguido implementar, por fin, una herramienta últil con accesibilidad y contra la inclusión financiera, “asegurando que todas las personas, independientemente de su ubicación, puedan gestionar sus necesidades bancarias de manera cómoda, segura y sin barreras”.