Inquietud del colectivo veterinario ante la flexibilización de los controles sanitarios
Los ganaderos podrán contratar a profesionales privados, quienes deberán declarar la ausencia de conflicto de intereses.
La recientemente modificada Ley de Sanidad Animal fue el tema central de la reunión celebrada esta semana entre representantes del Consejo de Colegios Oficiales de Veterinarios de Castilla y León y miembros de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, a instancias de esta última.
Los veterinarios de Castilla y León expresaron durante el encuentro su descontento por la reforma legal, que afecta directamente a las campañas de saneamiento ganadero.
En la reunión estuvieron presentes Teresa Rodríguez, directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León, junto a miembros de su equipo, y Luciano Díez, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Veterinarios de Castilla y León, acompañado por otros miembros del Consejo autonómico.
Tras la reunión, Díez explicó: «Hasta ahora, la Administración, a través de sus veterinarios oficiales, realizaba directamente el 50% del saneamiento ganadero contra la tuberculosis. El otro 50% se delegaba a una empresa contratada, cuyos veterinarios realizaban esa función, alternando cada año las explotaciones. Nos decían que esto era para un mejor control oficial. Ahora, hemos pasado a la posibilidad de que quienes puedan pagar contraten directamente a sus veterinarios previamente habilitados por la Consejería para realizar su saneamiento ganadero».
El Consejo autonómico de veterinarios señala la ambigüedad de la nueva normativa, que obliga a estos veterinarios a declarar que no incurren en «conflicto de intereses», responsabilizándolos por cada explotación que saneen sin especificar claramente qué implica este ‘conflicto de intereses’ ni quién lo controlará.
«El reglamento de la UE establece que existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal», puntualizó Díez.
En este sentido, el presidente del Consejo autonómico critica que, bajo el sistema anterior, «la presión recaía sobre la administración y la empresa contratada. Ahora, la responsabilidad recae sobre el veterinario privado a título individual, sin claridad sobre qué constituye un ‘motivo indirecto de interés personal’, ya que la diversa tipología de asociaciones que van a contratar veterinarios puede ocultar la relación con el titular de la explotación a través de un contrato directo con la asociación».
El Consejo autonómico de Veterinarios advierte que «si se busca mayor garantía de calidad, independencia y rapidez, se debería aumentar el personal veterinario oficial para realizar el saneamiento del 100% de los animales y vigilar las posibles incompatibilidades o conflictos de intereses, que también pueden surgir en los servicios oficiales».
Los veterinarios de Castilla y León también exigen que, en beneficio de la Sanidad Animal, la Salud Pública y el buen hacer profesional de los veterinarios libres, «se supervise el cumplimiento del ‘no conflicto de intereses’, especificando claramente en las instrucciones para el saneamiento el alcance del mismo y haciendo públicas dichas instrucciones, para que los veterinarios sepan si deben firmar la declaración de conflicto de interés o no».
El Consejo autonómico recuerda que «de la Sanidad Animal no solo depende la Salud Pública, sino también el nivel actual del comercio internacional de nuestros productos y la capacidad de mantener una producción que garantice la autonomía alimentaria, crucial en tiempos de crisis».
León sigue libre de tuberculosis
Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de enero de este año, León, junto a Burgos y Valladolid, sigue siendo una zona libre de tuberculosis bovina. De acuerdo con el Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina de 2024, todas estas zonas mantendrán un sistema de vigilancia ante y post-mortem de todos los bovinos sacrificados, mediante la búsqueda sistemática e investigación de lesiones compatibles. En los dos primeros años tras la declaración, se tomará una muestra representativa de los establecimientos bovinos para demostrar una tasa anual de incidencia de establecimientos confirmados como infectados no superior al 0,1%.
