PP y Vox aprueban la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León sin el apoyo de la oposición

El Grupo Socialista considera que esta Ley es “una oportunidad perdida” ya que aún están esperando que se cumplan “los artículos fundamentales” de la anterior ley de 2002

PP y Vox han aprobado de manera exclusiva la Ley de Patrimonio Cultural, la cual, según el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, representa un avance significativo y fundamental en la gestión integral e innovadora del patrimonio de la Comunidad.

La normativa, que ha sido rechazada por todos los grupos de la oposición —PSOE, UPL-Soria Ya, Por Ávila, UP y Francisco Igea—, según Santonja «pone en valor» la gestión del patrimonio, destacando su enfoque innovador que va más allá de la mera conservación de los bienes.

Durante su intervención en las Cortes, Santonja destacó que la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León fue elaborada de manera «dialogada», citando que un significativo porcentaje de las enmiendas presentadas por diversos grupos políticos fueron incorporadas al texto final tras transacciones exitosas. Subrayó que este proceso de acercamiento de posturas es motivo de orgullo, enfatizando que el patrimonio es un bien común compartido por todos.

El consejero resaltó cuatro pilares fundamentales de la nueva ley: una concepción renovada del patrimonio cultural, un enfoque integral y sistémico, la corresponsabilidad de los agentes involucrados en su gestión, y un compromiso firme con la inversión pública en este ámbito.

Entre las diez principales novedades que introduce la ley se incluyen la creación de un censo del patrimonio cultural, la garantía del máximo nivel de protección para los bienes de interés, y la implementación de una figura específica para la gestión del patrimonio.

En contraste, el procurador del Grupo Parlamentario Socialista, José Ignacio Martín Benito, argumentó en contra de la normativa, describiéndola como «una oportunidad perdida». Criticó que, pese a los más de veinte años de vigencia de la ley anterior de 2002, los artículos fundamentales aún no se han cumplido. Martín Benito lamentó la falta de avances en la creación de espacios culturales y la insuficiente financiación, destacando que el Grupo Socialista había presentado numerosas enmiendas que no fueron suficientemente consideradas por el gobierno autonómico.

Además, expresó su descontento por la eliminación de referencias al patrimonio lingüístico del leonés y del gallego, así como por la ausencia de un Instituto de Patrimonio Cultural de Castilla y León en la nueva ley.

UPL-Soria ¡YA! y Francisco Igea han mostrado su oposición firme a la Ley

La procuradora de UPL, Alicia Gallego, ha defendido las enmiendas de su grupo a la Ley de Patrimonio Cultural, argumentando que la falta de una adecuada financiación dificulta la implementación efectiva de la normativa. Expresó sorpresa por la discrepancia entre el reconocimiento del valor económico, cultural, social y turístico del patrimonio, y la insuficiente provisión de recursos reflejada en el texto legislativo.

Gallego destacó la preocupación persistente de la Unión del Pueblo Leonés respecto a las necesidades y aspiraciones relacionadas con el patrimonio, tanto en esta nueva ley como en diversas comisiones anteriores, donde las propuestas presentadas no han obtenido respuestas afirmativas.

Además, criticó que la Ley de Patrimonio no refleje el reconocimiento oficial del castellano, leonés y gallego como idiomas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Por otro lado, la procuradora de Soria Ya, Leila Vanessa García Macarrón, lamentó que la ley no incluya adecuadamente los yacimientos paleontológicos en la definición de patrimonio cultural, y criticó los plazos prolongados impuestos para obtener la Declaración de Bien de Interés Cultural. Propuso una definición más inclusiva que abarque instrumentos, objetos y espacios culturales, así como una mayor consideración del patrimonio paleontológico como parte integral de la cultura y no solo del medio ambiente.

García Macarrón también abogó por una definición ampliada que incluya el patrimonio audiovisual o digital, señalando que la ley actual presenta dificultades al no considerar como cultural cualquier bien con características paleontológicas.

Por su parte, el procurador Francisco Igea defendió sus enmiendas a la normativa y culpó a Vox de obstaculizar los compromisos del PP en materia de presupuesto destinado a la conservación, difusión y gestión del patrimonio, lo cual, según él, podría llevar al incumplimiento de las promesas electorales del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Finalmente, Igea criticó la eficacia limitada de la ley, argumentando que una normativa efectiva requiere tanto capacidad financiera como poder coercitivo para su aplicación real.

Una «buena ley» según el PP

Al concluir el debate de las enmiendas, el procurador del PP Ramiro Ruiz Medrano ha respaldado el voto favorable de su Grupo hacia la nueva Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad. Destacó que esta ley es considerada «una buena ley» porque logra actualizar y abordar aspectos que la ley de 2002 necesitaba tras el paso del tiempo.

«Estamos ante una buena ley», afirmó Ruiz Medrano, expresando su agradecimiento por el esfuerzo y trabajo realizado durante la tramitación parlamentaria, que permitió negociar y transaccionar más del treinta y seis por ciento de las enmiendas.

El representante del Partido Popular enfatizó que la nueva normativa responde a las preocupaciones del sector y la sociedad al promover una gestión integral del patrimonio, con miras al futuro. Destacó también su apuesta por la corresponsabilidad, la gestión eficiente y la digitalización.

Por último, Ruiz Medrano defendió que esta ley será un instrumento eficaz y actualizado, capaz de satisfacer las necesidades del patrimonio cultural de Castilla y León. Consideró que será una inversión de futuro que no solo promueve una mayor sensibilidad hacia el patrimonio, sino que también impulsará el desarrollo económico en otros ámbitos.