La Junta blindará la caza por Ley
La suspensión cautelar dictada por el Tribunal de Justicia de Castilla y León, al poner en entredicho la gestión medioambiental de la administración de la comunidad de Castilla y León, ha acelerado la acción política
En el reciente auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León se incide en la mala gestión realizada por la Junta de Castilla y León, por lo que suspende de manera cautelar el decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, atendiendo así a la demanda presentada por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA).
Este auto ha supuesto la suspensión de caza de todas las especies en toda Castilla y León, incluida la del lobo. Ya que, según ha estimado el TSJ, la Junta sigue sin aportar los estudios científicos requeridos que avalen de las especies consideradas como cinegéticas lo que podría ocasionar daños de imposible o difícil reparación: «no consta que se hayan utilizado estudios científicos objetivos ya que el sistema de censo, seguimiento y estudio de tendencias de las especies cinegéticas en Castilla y León utilizado se nutre de una información recopilada para otros fines, y no específicamente para los fines a los que ha de servir el decreto».
Ante este auto, la consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha anunciado la inminente presentación de un recurso. Es por ello que la Junta ha llevado a la acción política del Partido Popular, la adopción de medidas que permitan asegurar en el tiempo un marco jurídico estable para la realización de la actividad cinegética mediante la presentación en las Cortes de Castilla y León de una Proposición de Ley que traslade a la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León las especies cinegéticas, permitiendo dar garantía a la caza con el revestimiento legal.