A Diputación le vuelven a ‘sobrar’ 146 millones y dedicará 50 para el plan de obras en pueblos más alto de la historia

La institución provincial liquida el ejercicio 2021 con un superávit de 33 millones de euros y continúa a deuda cero, por lo que el equipo de Gobierno de PSOE-UPL saca pecho

La Diputación de León pondrá en marcha en este ejercicio un Plan de Cooperación, es decir, un plan de obras para todos los 208 ayuntamientos que no son León, Ponferrada ni San Andrés, que será «histórico» por su cuantía.

Serán por primera vez 50 millones de euros, lo que supone «la cantidad más alta y más grande puesta en marcha en la historia institución», según anunció hoy su vicepresidente, Matías Llorente, quien apuntó que se aprobará en un Pleno extraordinario que se celebrará a mediados del mes de marzo.

Este Plan, presupuestado inicialmente en 21 millones de euros y que incrementa «238% su presupuesto hasta llegar a los 50 millones» contará con «una discriminación positiva» para los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, que recibirán una cantidad fija de 10.000 euros a mayores que el resto, mientras que los demás se repartirán la cantidad con un criterio objetivo en virtud de su número de habitantes, de manera proporcional.

«Los ayuntamientos quieren tener runa autonomía municipal, algo imprescindible, y una flexibilidad para aplicar los fondos en las obras que quieren ejecutar», reconoció Llorente, quien explicó que por este motivo la contratación de las obras que ellos consideren oportunas, que se financiarán al cien por cien, dependerá directamente de los consistorios, siempre que no generen duplicidades con las competencias de otras administraciones.

Además, los ayuntamientos recuperarán también el sobrante de las bajas de contratación, estimado entre otros 10 millones más o menos. «Solamente quedarían excluidos los gastos ordinarios como tal, mientras que cada ayuntamiento decidirá en qué quiere invertir los fondos para desarrollar el municipio, fijar población, evitar la marcha de la que ya hay y mantener unos servicios de calidad», explicó Llorente.

De este modo, la institución admite que no habrá un control desde la Diputación de que el destino de esa inversión no sea antes un capricho municipal que una necesidad verdaderamente urgente, como retirada de amianto o abastecimiento de agua de consumo humano, por ejemplo. Aunque el presidente Eduardo Morán dijo confiar plenamente en los ayuntamientos, dado que además esas necesidades más perentorias ya han sido objeto de otros planes años atrás.

Matías Llorente hizo hoy este anuncio al mismo tiempo que el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, anunció la «aprobación del tiempo récord de la liquidación del presupuesto de 2021 de la institución provincial», que se cierra con un superávit de 33 millones y un remanente de tesorería, es decir, dinero sobrante, que ha quedado sin gastar del presupuestos anteriores, que este año 146,9 millones. El pasado ejercicio fueron algo más, 156 millones de euros.

«Tenemos una liquidez más que robusta, de 203 millones, la deuda se mantiene a cero y somos ágiles en el pago, con una media de 8,1 días», afirmó Dorado, quien celebró unos «excelentes datos como consecuencia de la racionalización del gasto y una buena gestión».

Por su parte, el presidente de la institución, Eduardo Morán, celebró estos datos en contraposición a quienes «a lo largo de los últimos dos años y medio piensen que esta Diputación se gasta los dineros como hacen otras administraciones o quizás aquí en el pasado, dando ciertas ayudas o subvenciones para financiar proyectos de manera puntual con algunos ayuntamientos por color político o amistad».

Frente a ello, Morán quiso dejar claro que el equipo de Gobierno provincial «tiene otra forma de trabajar» y que «trata a todo el mundo por igual independientemente de quienes gobiernen» con un reparto «justo en función de la población».

En cuanto al Plan de Cooperación, el presidente destacó que se trata del «mayor esfuerzo que jamás ha habido en la casa en aportación a los ayuntamientos para dar respuesta a las peticiones de los ayuntamientos» para que «puedan dar satisfacción a sus vecinos y mejorar la calidad de vida de la gente que vive en el ámbito rural».