Actualidá y anuncias

Las diócesis de León y Astorga reconocen que se ‘quedaron’ 43 bienes de otros titulares

En el listado de ‘errores’ de la Conferencia Episcopal que ha reconocido al Gobierno al respecto de las inmatriculaciones eclesiásticas realizadas al albur de la Ley de Aznar en la que los obispos actuaban como notarios, las dos provincias religiosas reconocen al menos 229 «incidencias en los procesos» para quedarse la propiedad de fincas y edificios. Desvelamos las propiedades en la provincia de León que eran de otras personas o instituciones y hasta hoy han mantenido férreamente sus obispos que pertenecían a la Iglesia.

Un informe de la Conferencia Episcopal detecta 229 errores en las inmatriculaciones de las diócesis de León y de Astorga. Errores que van desde que el obispo haga de notario dos veces para certificar la misma finca hasta que hablen de que, hasta hoy, eran suyas 43 fincas (36 en la asturicense y 9 en la legionense) de las que hoy reconocen que eran «de otros titulares».

Es decir, que los obispos de Astorga y León firmaron quedarse 43 propiedades de otras personas, según se especifica en una tabla de lo que la Conferencia Episcopal Española denomina como «incidencias en la inmatriculación» que permitió la reforma de la Ley Hipotecaria por José María Aznar en 1998.

Esto se indica en el ‘Informe sobre bienes inmatriculados por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1998 a 2015‘ de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española hecho público ayer 24 de enero tras acordar ésta con el Congreso de los Diputados. «En el contexto del diálogo con el Gobierno, ha hecho un estudio exhaustivo del mismo a través de consultas oportunas realizadas a las diócesis. Dicho estudio ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados. El informe se realiza en el marco de los trabajos de la comisión creada entre el Gobierno y la Iglesia católica para el estudio de este asunto y que se ha reunido en varias ocasiones en el año 2021», explica la institución de los obispos españoles.

Los ‘errores’ reconocidos por la Iglesia

En total en España, de los 34.976 registros incluidas en el listado, se han verificado de manera correcta un total de 32.401 por las diócesis respectivas. Es decir, que han encontrado 2.575 fallos. Sin embargo, de todos esos errores sólo asume que debe devolver 956 propiedades como informa de ello elDiario.es.

En total la diócesis de Astorga (que ocupa la mitad de la provincia de León hacia el Bierzo y parte de las de Orense y Zamora) inmatriculó de 1998 a 2015 un total de 1939 propiedades. De ellas reconoce errores en 144 casos, 36 de ellos de «otros propietarios». En 75 casos indica que son «adquisiciones por métodos diferentes a la certificación (compraventa, donación, permuta, herencia, etcétera), en 24 casos apunta que son «bienes inmatriculados o adquiridos por otros títulos anteriores», en 6 se indica que se ha duplicado la inmatriculación y en cinco, directamente, «no les consta inmatriculación de los mismos» (por lo que no deberían estar en ese listado).

En el territorio del obispado leonés (el resto de la provincia de León) se reconocen 1.297 inmatriculaciones. Con 85 fallos reconocidos, en los que sólo hay 9 «de otros titulares». Los demás patinazos son 11 que ya estaban consignados por «otras agrupaciones religiosas», 4 inmatriculaciones «de adquisición distinta al periodo 1998-2015′, 4 duplicados y un error sin consignar e identificar.

León, el 11% de las fincas de las que «faltan datos» en España

Lo que sí destaca en la diócesis legionense es que en 67 casos más falten datos para identificar quién era el propietario. Según el informe de la Conferencia Episcopal se refiere a «bienes sobre los que faltan datos para su identificación. Se trata de registros que, por falta de información, resultan desconocido para las diócesis» y los cifra en 608 bienes. Es decir, más del diez por ciento de los fallos de este tipo en toda España se produjeron en León.

Los obispos legionense y asturicense pudieron actuar como notarios gracias por la facultad de actuar como notario de los obispos concedida en 1946 por Francisco Franco y ampliada en 1998 por la Ley Hipotecaria de José María Aznar que extendió a los templos de culto las llamadas inmatriculaciones exprés. Así la Iglesia Católica ha conseguido revertir las desamortizaciones de hace doscientos años en miles de fincas públicas y consiguió apropierse de unas cuantas privadas hasta el 3 de abril de 2015 tras cambiar el Gobierno de Mariano Rajoy la norma eliminando aquella potestad notarial a los dirigentes de las diócesis.

Los bienes de ‘otros’ en Astorga

En la diócesis de Astorga, en el apartado de ‘otros titulares’, se pueden encontrar en el listado diez propiedades en la provincia de León: un edificio almacén en Bouzas de Valdueza (Ponferrada) ubicado en una parcela en el paraje de Bouzas que fue vendida antes de 1998; la casa rectoral de Carracedo de Compludo (también en el municipio ponferradino), vendida en 2013; la huerta rectoral de Tejedo de Ancares (Candín) vendido en 2007 y una huerta de regadío en Paradaseca (Villafranca del Bierzo, vendida en 2020.

Además de los cementerios de Lomba de Cabrera, Calamocos, Fresnedo del Sil, Magaz de Arriba, todos estos de sus juntas vecinales y el de Balboa, propiedad del Ayuntamiento. Según el listado han sido ‘donados’ (sin especificar a quién y qué sinifica esa donación) entre 2005 y 2020.

Además, hay una propiedad en Orense y el resto, 25 están en Benavente.

Los errores con propietarios de la diócesis legionense

En la diócesis de León se especifican como inmatriculados y vendidos el cementerio parroquial de Quintanilla de Sollamas (Llamas de la Ribera), una finca rústica llamada Boca Val de Toro en La Ercina, un solar en Siero de la Reina, una casa rectoral en Valderrueda y otra en Formigones, la ermita de Bercianos del Real Camino que reconoce propiedad del Ayuntamiento y tres fincas en Valencia de Don Juan que pertenecerían a la Cofradía de las Benditas Ánimas.

El problema de este tipo de propiedades que se inmatricularon indebidamente pero han sido vendidas es uno de las circunstancias que más destacan de la injusticia de las actuaciones de los obispos durante el periodo en que José María Aznar les dejó campar a sus anchas. La cuestión estriba en cómo indemnizar a los propietarios originales de los bienes sobre los que ha efectuado una compraventa y cómo retornar aquellos que todavía dice tener en su poder, y para ello negociará con el Gobierno sobre el millar de los que reconoce como errores.