La Junta de Castilla y León, a juicio por negar información sobre la muerte de lobos

Nuevo choque entre la Asociación para el Estudio y Conservación del Lobo Ibérico (Ascel) y la Junta de Castilla y León gobernada por PP y Vox. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la asociación defensora del Canis lupus signatus contra el Ejecutivo castellanoleonés por su silencio ante los requerimientos de información sobre mortalidad en la región de la especie en peligro de extinción.

“Como la respuesta de la Junta no atendía a nuestra reclamación en derecho, replicamos hasta dos veces, reiterando nuestra petición inicial, la cual fue desatendida por silencio administrativo del Ejecutivo de Mañueco y Suárez-Quiñones. Esa información no se nos puede negar por el derecho europeo y nacional”, señalan desde Ascel.

La Junta de Castilla y León, cuyos dirigentes se han mostrado públicamente en contra de la protección del lobo, está obligada por imperativo legal a asumirla, lo que incluye proporcionar información ambiental al respecto y la protección efectiva del cánido “presentando la correspondiente denuncia en Fiscalía cuando tenga los informes de necropsias de lobos que presenten indicios de muerte por causas ilegales (caza, venenos, lazos, capturas de ejemplares, etcétas)”.

Par la organización, la ausencia de protocolos en la recogida de lobos heridos y muertos y su posterior traslado a los Centros de Recuperación de Fauna Salvaje (CRAS), así como la demora en la realización de las necropsias, son algunas de las asignaturas pendientes de la Junta de Castilla y León en lo relativo a la protección del protegido mamífero. Desde Ascel denuncian al respecto que el Ejecutivo de conservadores y ultras no cumple con estas obligaciones, “no sabemos si por su incompetencia o por un desinterés manifiesto en cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente que protege al lobo”.

“Seguimos reclamando a la Junta un protocolo riguroso y transparente de gestión de la mortalidad de lobos en Castilla y León, la rapidez en la elaboración de los informes de necropsia de lobos, y que presente la correspondiente denuncia en Fiscalía cuando haya indicios razonables de mortalidad ilegal de lobos, tal y como se hace con otras especies protegidas, como por ejemplo, el oso pardo”, añaden.

Cepos y veneno

Esta no es la única denuncia que Ascel ha presentado contra el Gobierno castellanoleonés en los últimos meses. En febrero, la ONG conservacionista llevó a los tribunales al Ejecutivo autonómico por poner cepos en caminos públicos e infringir la Ley de Protección de datos.

La denuncia se produjo tras localizarse cinco cámaras de fototrampeo y una de vigilancia fija activadas y sin señalizar, que apuntaban al lugar donde se encontraba un cepo destinado, según la ONG, a capturar lobos. “Tras pesquisas, consta que cámaras y trampa fueron colocadas por personal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, con el fin de capturar lobos para radiomarcaje y seguimiento de ejemplares que la Junta está realizando”, señalaban entonces tras personarse personal del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el lugar.

Asimismo, el 18 de marzo los ecologistas presentaron otra denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Palencia tras encontrar muerta una hembra de lobo de un año de edad el 3 de marzo. El animal, que falleció en el término municipal palentino de Melgar de Yuso, “presentaba claros signos de envenenamiento”. Desde Ascel señalaban entonces que el veneno “campa a sus anchas” en la zona, tras darse la circunstancia de que once ejemplares de buitre leonado fueron encontrados muertos, presuntamente debido a veneno.

“Desde Ascel condenamos estos cobardes y execrables hechos delictivos contra nuestro patrimonio natural y exigimos a la Junta de CyL la presentación de la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y la inminente realización de los preceptivos informes técnico-facultativos de necropsia, tanto de la loba como de todos los buitres encontrados, acompañados de los correspondientes análisis toxicológicos de los cadáveres encontrados para determinar qué tipo de compuesto tóxico se ha utilizado y así poder facilitar las diligencias de investigación de la Guardia Civil con el fin de poder llevar a los autores de estos indecentes hechos ante la Justicia y que puedan ser condenados de manera ejemplarizante”, señalaban desde la organización en marzo.

Asimismo, la ONG pedía al Gobierno autonómico que suspendiese cualquier tipo de actividad cinegética en el coto privado de Melgar de Yuso donde había aparecido la loba envenenada con el fin de favorecer la recuperación de los procesos ecológicos y biodiversidad en la zona que ha sufrido este episodio de envenenamiento.