El problema político de multar a un vecino que se quedó a defender su casa durante los incendios

La Guardia Civil identificó a cientos de personas en León que no quisieron abandonar sus pueblos pese a la orden de desalojo por los incendios, derivando en procesos que suponen una multa que ahora se discute quién debe imponer, si el Gobierno o la Junta

Tras la peor oleada de incendios de la historia llega el momento de la gestión del desastre ambiental y económico, que se ha cebado especialmente con las provincias de León y Ourense, las que tienen mayor superficie afectada durante las tres semanas que han durado los fuegos de agosto. Además de recopilar la información sobre zonas afectadas y las pérdidas de vivienda y negocios, y tres vidas solo en la provincia leonesa, se debe gestionar la situación creada por los desalojos de los pueblos. Y las posibles multas de quienes se negaron a seguir la orden, que se han convertido en un problema político.

Las primeras evacuaciones en la provincia de León se produjeron en el segundo día de la oleada de incendios, el domingo 10 de agosto, cuando varios fuegos de gran intensidad ya devoraban hectáreas por doquier. Hasta siete localidades fueron desalojadas en la tarde del fatídico domingo en el que el fuego entró en el patrimonio mundial de Las Médulas, hasta llevarse por delante dos terceras partes del entorno protegido y afectar gravemente a los pueblos, calcinando negocios y la infraestructura turística. Más de 800 personas fueron desalojadas por los incendios de Yeres y Llamas de Cabrera ese día. En toda la oleada, más de 15.000 personas y 119 localidades de León tuvieron orden de evacuación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Pero desde el primer momento la Guardia Civil tuvo que intervenir ante la resistencia de los vecinos a desalojar sus viviendas pese a la orden del organismo coordinador de las situaciones de emergencias. Tanto la Subdelegación del Gobierno en León como la Delegación Territorial de la Junta en León hicieron llamamientos al cumplimiento de las órdenes del Cecopi y se siguieran las instrucciones de desalojo, pero encontraron una fuerte resistencia vecinal ya que no querían irse para intentar proteger sus hogares y patrimonio ante la escasez de medios de extinción, una denuncia repetida por todas las localidades afectadas.

La Guardia Civil, en cumplimiento de sus funciones, intervino e identificó a cientos de vecinos y vecinas de las localidades afectadas por el fuego y con orden de evacuación. Y ahora se deben gestionar esas multas, que se convierten en un problema político de primer orden, reconocen fuentes oficiales, ya que la recepción de las mismas puede incrementar el cabreo ciudadano. Y todo a siete meses de las elecciones autonómicas de Castilla y León, que serán las primeras del ciclo electoral.

Las multas por no irse de casa se encuadran en Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que recoge sanciones a quienes incumplan las órdenes de la autoridad. “En los casos de emergencia, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes en materia de protección civil, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan”, se recoge de forma expresa.

En el articulado se recoge que puede haber multas por “El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil”, como es el caso. Pueden ir de leves, hasta 1.500 euros, hasta las muy graves, de hasta 600.000 euros, en función de si ese incumplimiento “suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes”. En el mejor de los casos la desobediencia de una orden del Cecopi en caso de una emergencia supondría 100 euros de sanción, si el incumplimiento “no suponga una especial trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes”, que con pronto pago serían 50 euros.

Pero las identificaciones realizadas por la Guardia Civil, en estricto cumplimiento de sus obligaciones, han enervado los ánimos en las zonas afectadas. En alguna de las manifestaciones que ya se han producido quejas sobre las posibles multas. “Te quedas a defender tu casa y encima te multan”, señalaba una vecina en La Bañeza. Particularmente afectados están los agricultores que sacaron sus tractores y herramientas para defender a sus pueblos y que también se enfrentan a posibles sanciones.

¿Quién tiene que multar?

La situación de las multas por no obedecer la orden de desalojo ha afectado de manera generalizada a la provincia de León pero también se produjeron casos en otras de Castilla y León afectadas por los incendios como Palencia, Zamora o Salamanca. Según ha podido conocer este periódico se ha encargado informes jurídicos sobre este delicado asunto, en el que se dirimirá quién debe proceder a la multa, si las Subdelegaciones del Gobierno en el caso de multas inferiores a 3.000 euros, la Delegación del Gobierno si superan esa cifra o si es la Junta de Castilla y León ya que es quien dirige los Cecopi, el órgano que ordenó las evacuaciones.

Al intento del Gobierno de endosarle a la Junta de Castilla y León la gestión de estas polémicas multas se va a encontrar el rechazo frontal de la administración autonómica, que considera que no son de su competencia estas multas. Fuentes del Gobierno autonómico consultadas por este medio rechazan que tengan que ser ellos quienes las tramiten y firmen, ya que consideran que las desobediencias a los agentes, si son de menor grado, serían una infracción de la ‘ley mordaza’, y por tanto, competencia de las Subdelegaciones del Gobierno, y si son de gravedad se remitirían a la Fiscalía o Juzgado de Guardia. Rechazan, por tanto, tener que participar en esta tramitación.

Los desalojos ordenados por el Cecopi se encontraron muchas resistencias, básicamente por la percepción ciudadana de falta de medios. En todas las comarcas afectadas los vecinos han asegurado que si no es por su intervención, a veces solos y a veces con medios de extinción, los pueblos hubieran ardido. Y el nerviosismo por la situación provocó enfrentamientos con la Guardia Civil en varias ocasiones.

Según ha podido conocer este medio en algún caso se produjeron momentos de mucha tensión entre vecinos y la Guardia Civil. Al menos un alcalde de un municipio del sur de la provincia se enfrenta a una denuncia grave por desobediencia tras un enfrentamiento con miembros del cuerpo armado desplazados para el desalojo de la cabecera del municipio, un asunto que en todo caso ya no sería una multa sino parte de un proceso penal. El fiscal jefe de Castilla y León, Santiago Mena, en Hora 25 de la Cadena SER señaló que ante hechos así “actuaremos valorando la situación, porque no es una situación cualquiera”.

A preguntas de este periódico la Delegación del Gobierno en Castilla y León informó que tras la oleada de incendios el Ministerio de Interior facilitaría información sobre las multas, algo que de momento no se ha producido.