El expolio franquista en la provincia de León: una historia sin disculpas ni devoluciones
La investigadora Ana Rodríguez Guerra elabora una tesis en la que aborda el expolio del franquismo, que abarca situaciones como el barrio de Pinilla que comparten León y San Andrés o parte de los terrenos del cementerio de León
El periodista Pau Rodríguez escribió un artículo para elDiario.es que tituló: ‘Porsche, Dr. Oetker, BMW: la herencia de los magnates del régimen nazi que llega hasta hoy’. Por su parte, el periodista Antonio Maestre cuenta en su libro Franquismo S.A. (Akal, 2019) como se forjó el oligopolio energético que ostentó Pedro Barrié de la Maza, dueño de Fenosa, gracias, en gran medida, al expolio de la empresa Unión Eléctrica Coruñesa que dirigía Pepe Miñones, el cual fue fusilado a finales de 1936 en el Campo de la Rata, en A Coruña. Para hablar del expolio del Franquismo en la provincia de León charlamos con Ana Rodríguez Guerra, del Área de Historia Contemporánea de la Universidad de León (ULE) y que el pasado 10 de febrero ofreció una conferencia en el Ateneo Varillas que llevaba por título: ‘La represión económica del franquismo en la provincia de León’.
“Cuando me tocó hacer el Trabajo Fin de Máster en 2018, mi idea era investigar el Franquismo en la montaña leonesa”, explica Ana, para matizar que su director de tesis, Javier Rodríguez, le propuso un cambio de guión y que lo realizara sobre la incautación de bienes. “Al principio mostré reticencias por tediosa y por la gran cantidad de burocracia y leyes a las que tendría que enfrentarme, pero al final accedí y no puedo estar más contenta”. La joven doctoranda, que está en su quinto año de tesis, añade que hay un gran vacío en este campo en León, y así como en Galicia hay trabajos como el llevado por Julio Prada con importantes estudios sobre el tema, aquí en León, no. Finalmente su tesis, que espera presentar en febrero del próximo año, llevará por título ‘Mecanismos de exacción económica en la provincia de León durante la Guerra Civil y el primer Franquismo’.
Preguntada sobre las facilidades o trabas que se encuentra a la hora de acceder a las fuentes, esta boñarense cree que, “en líneas generales, tenemos unos archiveros y archiveras muy valiosos en este país. Mi experiencia es lo que me dice”, mientras indica que sus principales fuentes de consulta son la Real Chancillería de Valladolid, el Archivo Municipal de León y el Archivo Provincial de León, señalando que tiene pendiente visitar el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.
Analizando si es posible una reparación y devolución de los bienes incautados, se muestra pesimista. La ley de Amnistía de 1977, que sigue vigente, más la destrucción de una cantidad ingente de documentación, sobre todo en los partidos judiciales de Villafranca del Bierzo y Ponferrada, donde la documentación de este campo fue destruida, hace que esto sea prácticamente imposible. Ana destaca un dato, y es que de lo expoliado entre enero de 1937 y febrero de 1939, tiempo que duró la primera Ley de Incautación de Bienes —luego vendría la Ley de Responsabilidad Políticas que duró hasta abril de 1945—, apenas se conserva la documentación de un 46% de los casos, y dentro de ese porcentaje, no sabemos con seguridad todo lo que se expolió. “Los verdugos no fueron solo los que hicieron los procedimientos de la incautación, si no los que se beneficiaron de esos bienes”, sentencia Rodríguez explicando el porqué de esta falta de documentación.
Durante la conversación, preguntada sobre la reacción general de la gente que conoce su trabajo, Rodríguez Guerra está contenta, pero no quiere dejar de señalar lo que le preguntó una persona por una red social al anunciar su charla en el Ateneo Varillas: “Boñar está muerto, no hay más que ver los pisos que se venden. ¿Eso lo sabe la charlatana?”. Ana observa que “según tocas ciertos temas, sigue molestando, pero no por ello debemos dejar de hacerlo, al contrario”.
Juan Antonio Álvarez Coque
Preguntada por un ejemplo de expolio en León, uno de los que más le haya impactado, pronuncia tras una breve reflexión el nombre de Juan Antonio Álvarez Coque, marmolista y miembro de la UGT, fallecido en Rouen, Francia, en 1966. A Álvarez Coque le requisan, entre otros bienes, una nave de trabajo cercana al cementerio de León y cuyo terreno que a día de hoy forma parte de este. Su casa, en la calle Mariano Andrés, una de las conocidas como “casas baratas”, fue expoliada y entregada a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León y posteriormente adjudicada a un Guardia Civil.
“¿Cuánto habría que entregarle hoy a la familia de Álvarez Coque por estos bienes?”, se pregunta esta integrante del equipo de investigación Hismecon. Rodríguez indica que muchas de estas incautaciones se hicieron por simples testimonios, sin pruebas. “Se dice qué, se comenta qué, con eso bastaba. Hay más de un caso en el que afirman que una misma persona era comunista y estaba afiliado a la CNT y a la UGT. Es decir, socialista, anarquista y comunista, todo en uno”, comenta resignada.
Luisa Garrido Sánchez
Otro ejemplo lo tenemos con Luisa Garrido Sánchez y el expolio que sufrió a manos de Carlos Pinilla Turiño. Este Gobernador falangista le impuso una sanción de 10.000 pesetas y la amenazó con una multa diaria por esa misma cantidad hasta que vendiera el terreno que ocupa actualmente el barrio que lleva el nombre del represor franquista en los ayuntamientos de León y San Andrés. Finalmente, debido a la presión decidió vender el terreno en 1943. El Tribunal Supremo desestimó la denuncia de la familia y rechazó que el Ministerio de Fomento indemnizara con 34,6 millones de euros a los herederos, que ahora analizan si hay una nueva oportunidad con la nueva ley y tras la exigencia en Zamora que se quiten honores al alto cargo del franquismo.
Redes de resistencia de las mujeres de los hombres encausados
Todo el patrimonio incautado se hacía sobre el cabeza de familia, porque todo estaba a su nombre. Esto supuso que muchas mujeres reivindicaran sus derechos y los derechos de sus criaturas. Rodríguez Guerra, entre otras, destaca la figura de Celia Martínez Díez, compañera de Bernardino Brea Martínez. “Celia se niega a irse de su casa, en San Andrés del Rabanedo, junto a sus seis hijos. Resiste todo el tiempo que puede, hasta que la echan a la fuerza”. La historiadora por la Universidad de León destaca que en algunos casos el dinero venía por parte de ella, así como fincas, casas u otros bienes, pero al casarse, obligatoriamente pasaban a nombre de él. Si al marido lo detenían, no le devolvían lo incautado, en el mejor de los casos, hasta que salía de la cárcel. Todo ese tiempo, tanto su pareja como sus hijos, estaban privados de esos bienes. Ana señala que varias de estas mujeres se unían, se agrupaban y tejían redes de apoyo entre ellas.
Ley de Memoria Democrática
Finalizando la conversación, la nueva Ley de Memoria Democrática se pone encima de la mesa. Ana indica que tiene cosas muy buenas y que suponen un gran avance, pero preguntada por el caso que nos ocupa, la incautación de bienes, vuelve a mostrar su pesimismo. “No veo ni siquiera una disculpa pública por parte de aquellos que expoliaron una cantidad de bienes, ya fuera grande o pequeña, como para pensar en devolver el dinero… esta ley no contempla eso”.
En cuanto a buscar un espejo en el que mirarse, Rodríguez señala a la Comunidad Foral de Navarra, que “cuenta con unas herramientas y una Dirección General de Paz, convivencia y Derechos Humanos que bien podría importarse en otros territorios”.